Si los 40 años de democracia puntofijista en Venezuela instalaron mecanismos reproductores de sus intereses que con el paso del tiempo se transformaron en perversiones, ha sido desde las universidades públicas el sitio desde donde esos aprendizajes se hicieron carne y aún realizan su expansión social. La desidia, la doble moral, la irresponsabilidad, la carga burocrática excesiva, el chantaje, la cayapa, la operación colchón, el falso ejercicio profesional o estafa académica a la sociedad, el reclamo inmoral de derechos adquiridos, el control paquidermo de la política y dirección de la institución a través del voto de jubilados que extiende el espacio temporal del caudillismo puntofijista e impide la renovación generacional; sumado a lo obsoleto de equipos e instalaciones de algunas facultades, los negociados privados con los manejos de instituciones y departamentos con grandes gastos de funcionamiento, más el despilfarro, mala inversión y depredación masiva de los recursos económicos que otorga el Estado central sin ningún control o castigo debido la enorme impunidad amparada por la “autonomía universitaria”, hace necesaria una salida práctica y real a la inutilidad de lo enseñado y aprendido en las casas de estudios superiores públicas venezolanas. Esto significa el cierre y apertura de nuevas instituciones de educación superior públicas: universidades con reglamentos, administración, dirección, fiscalización, currículo y docentes consustanciados con el proyecto de país establecido en el marco de la Constitución Bolivariana de Venezuela.
El debate político en las universidades públicas es prácticamente nulo. El que se realiza, está mediatizado y tiene como participantes a los mismos actores que tienen la educación superior en el actual estado de postración; éstos, con sus maquiavélicos aprendizajes, impiden cualquier tipo de participación política que no sea la que ellos hasta ahora han sostenido a sangre y fuego: la exclusión de todo aquel que intente acabar con el caudillismo, la corrupción y la enseñanza de contenidos desfasados e inútiles.
Por lo general, los que se oponen al actual curso que llevan las
universidades públicas terminan fuera de la institución o
segregados y arrinconados dentro de la misma a merced de los grupos de
poder. Si es un estudiante como mínimo pasa por la
operación colchón si es hembra, no tiene becas ni
reparaciones, para él no hay otro chance, le dan palizas, lo
roban, se pierden sus notas en control de estudios, sus certificaciones
se demoran, su graduación siempre se realiza en el siguiente
semestre. Si es profesor contratado nunca será titular ni
tendrá una carga académica que le reporte un salario
decente; si es profesor titular, sus cheques llegarán tarde o
serán mal hechos, sus préstamos nunca salen, sus
adelantos de prestaciones sociales nunca son posibles, el horario de su
carga académica es horrorosamente difícil de cumplir con
agrado, nunca llega a ser jefe de departamento ni miembro del consejo
de facultad, sus trabajos de ascenso son rechazados, nunca hará
un postgrado, las notas de sus alumnos son extraviadas por control de
estudios cargándole los reclamos de los estudiantes, los decanos
los obligan a cumplir con las labores extra académicas
rechazadas por los benditos del poder universitario.
Quizás, dentro de este real panorama universitario, lo
verdaderamente difícil sea decidir que es lo más malo o
perverso entre la pésima administración, el desfalco
financiero del presupuesto anual de las universidades, cajas de ahorro,
fondos de pensiones, fundaciones y fideicomisos o la mala docencia, el
desfase del contenido académico, la irrealidad de la pertinencia
social universitaria, la falta de interacción con la
producción nacional, la carencia de investigaciones que
produzcan conocimientos que solucionen necesidades nacionales, o todo
lo anterior contrastado con la concesión de irreales
y falsos doctorados, maestrías, especializaciones y pregrados en
todos los campos, los que tan solo representan pergaminos enrollados,
tubos de cartón para guardarlos, tinta china y el recuerdo
fotográfico de una fiesta de disfraces con toga y birrete.
Tenemos universidades que no llegan a liceo, miles de docentes y
profesionales que no lo son o hace tiempo que dejaron de serlo y aulas
llenas de estudiantes a los cuales se les enseñan profesiones
con contenidos académicos que tiempo atrás dejaron de ser
útiles a la producción y a la sociedad. En otras
palabras, tenemos un conjunto de instituciones
universitarias, docentes, graduandos, e instituciones de
investigación y contenidos académicos que carecen de
significados reales. Pasaron a ser irrealidades hace mucho
tiempo y su existencia se debe a la ceguera colectiva sembrada por los
paquidérmicos tuertos académicos que tenemos. Estos,
no resistirán ni una pequeña arremetida social masiva
para eliminarlos y reemplazarlos por las nuevas realidades
académicas pertinentes y necesarias para edificar la
educación superior universitaria contemporánea.
Desde las universidades públicas la clase política hoy
desplazada del poder central expandió la corrupción hacia
la sociedad venezolana entera. En la academia pública venezolana
se estableció y se extendió la reconocida e inmoral
sociedad de cómplices. Cualquiera puede recoger cientos de miles
de situaciones ocurridas durante estos cuarenta años que
confirman con creces lo dicho anteriormente y dejan en
minusvalía la crítica hasta aquí llevada a cabo.
Los profesionales del derecho egresados de las universidades
públicas corrompieron o dejaron corromper el sistema judicial,
convirtiendo la administración de justicia en una injusticia de
mercado o en un gran mercado de injusticias. Profesionales de la
educación mantienen la expansión continua del
analfabetismo funcional que se sumó en los últimos
años al analfabetismo informacional que acompaña al
desarrollo material de la sociedad. Profesionales de las escuelas de
contadurías de las universidades públicas fueron los
profesionales de la contabilidad que durante años convalidaron
las auditorias y estados financieros con los cuales los banqueros
prófugos estafaron al sistema financiero nacional; y hoy,
aún continúan extendiendo balances y estados financieros
falsos a todo aquel que les pague por ello. De las universidades
públicas salieron los ingenieros que han permitido el desfalco
de los presupuestos de la infraestructura pública a
través de las deficientes obras de ingeniería que tienen
una efímera duración o que a veces nunca sirven a los
propósitos para los cuales fueron diseñadas.
Profesionales de la medicina egresados de las universidades
públicas gratuitas son los que depredaron los hospitales y sus
presupuestos; muchos se enriquecen comerciando con el dolor ajeno al
concebir el ejercicio profesional de la medicina como cualquiera
mercancía escasa. Escasez de asistencia médica sostenida
por una política de matrícula deficiente y
execración de los estudiantes provenientes de los sectores
sociales deprimidos de las facultades de medicina de las universidades
públicas venezolanas.
De todo esto, lo más escabroso es que hasta ahora unos
“marcianos” continúan la defensa a ultranza de la
autonomía universitaria de las universidades públicas,
con el argumento de una educación superior gratuita y
“popular”
que hace muchos años dejó fuera de su seno, a los
estudiantes provenientes de los sectores sociales más
necesitados del país. ¿Cuántas residencias
universitarias para los estudiantes que vienen de los sectores sociales
más deprimidos del país han cerrado sus puertas,
cuántas aún existen y cuántos estudiantes alojan?
¿Qué número de estudiantes pobres ingresa a las
carreras de medicina, arquitectura, derecho, ingeniería,
odontología o comunicación social? ¿Quiénes
se benefician de las becas Gran Mariscal de Ayacucho? ¿A
quiénes se les conceden las becas servicio y a quiénes
las becas completas en las universidades públicas?
¿Quién es quien en las universidades públicas
venezolanas?
Cualquiera revisión imparcial del componente social de las
universidades arroja como resultado la exclusión total de los
sectores sociales que más necesitan de la educación
universitaria gratuita que ofrecen las universidades públicas.
¿A quién defiende la capucha cuando dice actuar para
salvaguardar la autonomía universitaria? ¿Defiende acaso
al pueblo oprimido explotado y segregado de la educación
superior o a las castas burocráticas y sectores
económicos dominantes que excluyen a los hijos del pueblo de las
universidades públicas gratuitas? ¿Un lote de
chigüires histéricos incapaces de ver y comprender la
realidad son de verdad la representación moralmente genuina y
suficiente de la presencia del pueblo oprimido y pobre en las
universidades públicas?
Viejas conquistas sociales de los gremios universitarios aceptadas por
el Estado, convalidadas por las autoridades universitarias de su tiempo
y avaladas como progresistas y revolucionarias por la izquierda
militante de las casas de estudios superiores, se han transformado en
una inaceptable e inmoral ventaja en contra de las aspiraciones de
ingreso a la universidad pública de los hijos del pueblo
venezolano. Son otra expresión del ventajismo insolente e
inmoral del aparato burocrático universitario público. En
una población de empleados universitarios saturada, en su gran
mayoría innecesaria, el derecho adquirido por éstos para
la entrada de sus hijos a la educación superior universitaria
garantizado por cláusulas contractuales, acapara desde hace
tiempo la mayor cantidad de cupos de ingreso para las carreras
socialmente más solicitadas. En otras palabras, el
crecimiento de la población estudiantil y la incapacidad del
Estado para ampliar el cupo existente o construir más
universidades, hizo de la educación superior impartida por las
universidades públicas un privilegio exclusivo que beneficia
principalmente al exagerado, casi inútil y corrupto aparato
burocrático universitario clientelar que instaló el
puntofijismo amparado por legales beneficios contractuales. Preguntamos
¿Hasta cuándo se sacrificará al país en
nombre de derechos adquiridos, ayer morales y hoy inmorales?
La comunidad universitaria de hoy es paquidérmicamente
conservadora y reaccionaria, hasta el punto que los filósofos
“progresistas” que pernoctan en ella no se han dado por
enterados de lo
siguiente: La universidad pública puntofijista
dejó de ser una realidad racional necesaria. Pasó a ser
irracional no necesaria y necesario de eliminar. Esperamos
que nuestros “filósofos” no intenten oponerse a los
hechos ni al
proceso en el cual la población venezolana entera
arremeterá contra el espejismo que hoy representa la universidad
puntofijista y quienes defienden los privilegios que allí se
detentan.
Los cambios son difíciles de aceptar, más si la quietud
eterna y el parasitismo están identificados con la estabilidad.
Pero muy a pesar de ese aprendizaje del pasado reciente enseñado
por la misma universidad pública, la nueva estabilidad
está representada por el cambio constante en todas las esferas
de la vida. La universidad, y por lo tanto la educación
superior, tienen que incorporarse al cambio ineludiblemente para seguir
existiendo; pero, no al cambio al que están acostumbradas las
universidades públicas, el gatopardiano, de cambiarlo todo para
que nada cambie.
Si las universidades no son sometidas a un nuevo diseño de las
mismas, no a una reforma sino a una nueva construcción, todas
las políticas del Estado y la nueva Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela, junto con el nuevo proyecto
de país serán imposibles de materializar. La
contradicción entre lo viejo y lo nuevo sin salidas reales
civilizadas, puede estallar en una violencia que nos haría ver
como juegos de niños los acontecimientos del 27 y 28 de Febrero
de 1989. Esto último no es terrorismo literario ni chantaje
verbal. Ha llegado el momento de dejar de jugar con candela. Miremos al
vecino país y remojemos nuestras barbas.
Se agota el tiempo para que la sociedad entera, especialmente los
sectores que más requieren de la educación que imparte la
universidad pública, se quiten la venda de los ojos y se
dispongan a participar activamente en la construcción de la
nueva Universidad Bolivariana. Nadie
cambiará la universidad por nosotros. Tampoco una reforma hecha
por los universitarios que tenemos producirá el resultado que el
país necesita. Sería idiota e irresponsable
dejar en las manos que condujeron la educación superior
pública al estado en el que hoy se encuentra, diseñar y
construir la nueva universidad que el país necesita. La
Universidad Bolivariana sólo será válida si es
edificada a la medida de las necesidades de toda la sociedad.
Nuestra misión es doblar las campanas por la universidad
pública puntofijista, garantizando que si preguntan ¿por
quién doblan? no respondamos: Es por nosotros.
Febrero de 2000
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